RTPA: oscura gestión de un servicio público

LA NUEVA LEY QUE REGULA LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA ASTURIANA NO SOLUCIONA NINGÚN PROBLEMA

La televisión sigue siendo el medio de comunicación que llega a más personas y que mayor capacidad de influencia tiene sobre el ciudadano. Sus funciones básicas son informar, formar y entretener, pero su utilidad para generar opinión la convierten en un arma ideológica por cuyo control luchan los grandes poderes políticos y económicos.

La televisión privada buscará una rentabilidad económica dirigiendo su oferta a grandes masas que verá como consumidores. La televisión pública se justifica por un beneficio social para los ciudadanos a quienes se dirige y a los que debe garantizar el acceso a una información veraz, completa, imparcial, contrastada y plural, y hacerlos participar en el debate público imprescindible para el completo desarrollo de una sociedad democrática.

En Asturies, uno de los principales problemas de la televisión pública es la privatización encubierta, parte del presupuesto público del que dispone la RTPA, en torno a un 60% va directamente al bolsillo de empresarios (o pseudoempresarios) privados. Este problema influye directamente en el poco rendimiento que obtienen los ciudadanos del dinero invertido y es causa de otros nuevos problemas. La empresa privada busca sacar un beneficio económico que sale directamente de los sobrecostes y de la precariedad laboral de sus trabajadores.

RTPA paga a terceras empresas más dinero del que le costaría producir directamente el programa o gestionar directamente el servicio que externaliza. Muchos de los empresarios beneficiados por esta decisión no son realmente empresarios sino meros intermediarios que se llevan el dinero público creando a sus trabajadores una situación de precariedad laboral, trabajadores que son realmente empleados de RTPA, como demuestran las más de 50 sentencias condenatorias a estos “empresarios” por cesión ilegal. Cabe añadir que muchos de estos trabajadores han terminado siendo despedidos como represalia ante estas sentencias y con la negativa a ser contratados por ninguna empresa con relación con RTPA. Un segundo grave problema, también relacionado con el anterior, es la falta de transparencia. RTPA no sólo no dice cuanto paga por muchos de los contratos formalizados con terceras empresas, sino que la adjudicación de estos contratos se gestiona de un modo opaco, impropio de una empresa pública. Esto implica sobrecostes y clientelismo. Incluso los contratos sometidos a licitación pública incluyen una fase de negociación que permite la adjudicación de los mismos de manera arbitraria. Pero también en la gestión interna, la designación de los mandos intermedios ’a dedo’ por los directivos y sin respetar ningún criterio de mérito profesional y el exceso de los mismos, fomentan el premio o castigo a capricho del cacique, algo impropio de una empresa pública en una sociedad que se dice democrática.

Los directivos responsables de todas estas irregularidades en la gestión continúan en sus cargos. Los políticos que tienen autoridad para relevarlos, respaldan este modelo de gestión. Y todo esto está relacionado con un tercer grave problema, la falta de independencia.

La dirección de Informativos a cargo de alguien salido directamente del gabinete de comunicación del expresidente Vicente Álvarez Areces, es una clara muestra de esta vinculación. Los políticos ocupan demasiados minutos en unos informativos que giran en torno a su actividad, muchas veces sin ningún interés para el ciudadano, con declaraciones irrelevantes, críticas o debates inútiles, y que no dejan espacio para el resto de componentes sociales, organizaciones y movimientos alternativos que son sistemáticamente silenciados.

La ley que contempla la reforma de la RTPA, en fase de tramitación parlamentaria, no cambia nada e insiste en un modelo que no da a los ciudadanos un rendimiento acorde al coste de este servicio público. Con el eufemismo de ’impulsar el sector audiovisual asturiano’ recoge que se continuará con la privatización encubierta; las alusiones a la independencia de su Dirección y su Consejo de Administración, no son consecuentes con un articulado que establece mecanismos de designación que los hacen completamente dependientes de los partidos políticos; y con la autorización a la externalización de los servicios auxiliares en la producción de los informativos, se da vía libre a seguir explorando los límites de la cesión ilegal que tantas veces ha sido sobrepasado.

No va a solucionar esta ley los problemas de la RTPA, tampoco lo harán estos políticos, somos los ciudadanos quienes debemos defender los servicios públicos, no sólo la televisión, sino queremos ver como los vamos perdiendo poco a poco mientras políticos y empresarios los utilizan para sus oscuros negocios.

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Notas

[1] Artículo publicado en el nº 30 de la revista Contracorriente de marzo de 2014

 

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